En democracia, todos somos iguales ante la ley. Por eso es incomprensible que algunos pretendan presionar a la Justicia para que no juzgue a determinada persona cuando incumple la ley. Y más cuando la persona en cuestión es un juez, que debe dar ejemplo respetándola más que nadie, ya que su labor consiste en aplicarla. El caso es que a Garzón no se le juzga por ir contra el franquismo, sino por incumplir la ley. No hay, por tanto, más trasfondo ideológico que el que nos quieren vender algunos de forma interesada.

Sindicatos, actores de la “zeja” y algún que otro miembro del Gobierno participaron el martes en un acto vergonzoso en el que se cuestionó a los jueces del Tribunal Supremo y se les acusó, entre otras cosas, de ser “cómplices de torturas”, como hizo el ex fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo. Se trata de unas acusaciones tan graves como infundadas, que atacan los pilares de nuestras instituciones democráticas y que sólo obedecen a un intento desesperado de algunos por distraer la atención de los verdaderos problemas que tenemos ahora mismo los españoles, tratando de resucitar viejos fantasmas y reabrir así antiguas heridas cerradas durante la Transición.

Y el Gobierno se hace cómplice de esta tremenda irresponsabilidad. No sólo por el silencio de Zapatero al respecto, sino sobre todo por la presencia en dicho acto del secretario de Estado Gaspar Zarrías, mano derecha del vicepresidente Chaves, apoyando y aplaudiendo lo que allí se dijo. Los hechos son tan graves que el presidente debe cesar inmediatamente a Zarrías.